La cronología que explica las sucesivas alzas que se vienen en las tarifas eléctricas

Se espera que esta semana se firme el decreto que oficializa los incrementos desde el 1 de julio, y que seguirán en los próximos semestres con un peak durante 2025. Fuente: El Mercurio, 26 de junio de 2024.

Semestralmente, la Comisión Nacional de Energía emite un informe preliminar y uno definitivo, del que se desprenden las tarifas que las empresas distribuidoras cobran a los clientes regulados y que por estos días ha tomado mayor relevancia, ante las alzas que se prevén para los próximos semestres.
El procedimiento regular indica que una vez emitido el informe definitivo, el ministro de Energía firma un decreto, que hasta antes de la última Ley de Estabilización (abril de este año) requería primero pasar por el proceso de toma de razón ante la Contraloría General de la República.
No obstante, en los últimos años, estos documentos se fueron retrasando, convirtiéndose en un ingrediente más de la elevada deuda que el sistema arrastra con las empresas de generación, y que al día de hoy se estima en unos US$ 6 mil millones.
El impacto
del estallido
La escalada de deudas comenzó tras el estallido de octubre de 2019, cuando en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, el ministro de Energía de la época, Juan Carlos Jobet, decidió extender el plazo del último decreto vigente para evitar un alza del 9% en las cuentas, congelando las tarifas en un mecanismo que fue respaldado por el Congreso, y que implicó dejar de pagar la generación hasta un total de US$ 1.350 millones.
De ese monto inicial, un 38% correspondía a Enel, seguida en la lista por Engie (20%), AES Andes (12%), Colbún (11%) y Generadora Metropolitana (8%).
Cabe recordar que los contratos eléctricos se pagan en dólares, por lo que ante la brusca alza que tuvo el tipo de cambio a causa de la pandemia y de la guerra entre Rusia y Ucrania, el límite de deuda se alcanzó antes de lo planificado.
Segundo mecanismo
En el Gobierno actual, con Claudio Huepe como ministro del ramo, existió un retraso en la publicación del decreto de precios que debía entrar en vigencia a partir de enero de 2022, lo que recién se publicó en junio de ese año.
En agosto, en tanto, se aprobó la Ley de Mecanismo de Protección al Cliente (MPC), en el que se segmentó a los clientes por consumo y se evitaron alzas en torno al 45%, creándose para esto un fondo de estabilización financiado por los propios clientes. Además, la iniciativa legal contempló un descongelamiento parcial de las cuentas.
Así, hubo un alza de 2,5% en las cuentas de los clientes de menor consumo, de más de un 10% para aquellos que estaban en el segmento intermedio y de 16% para los que corresponden al mayor consumo eléctrico.
Sin embargo, para que se cumpliera ese mecanismo era clave que se dictaran a tiempo los decretos tarifarios semestrales correspondiente, lo que no sucedió.
De ahí en adelante, no existieron nuevas actualizaciones, principalmente porque el Gobierno se dedicó a buscar una solución para el segmento de mayor consumo, que según las proyecciones verían alzas superiores al 80%.
Bajo ese proceso nace la Ley de Estabilización, que se promulgó recién en abril de este año. En paralelo, se conocieron las cifras del último Informe Definitivo de la CNE, cuyo decreto se firmaría durante esta semana, para así entrar en vigencia a partir del 1 de julio, con alzas por sobre el 15%, pero cuyo peak se espera para 2025, donde los incrementos podrían superar el 50%.