Litio: desarrollo insustentable y una Red de Salares (des)Protegidos
Columna de opinión de Flavia Liberona, directora de Fundación Terram, sobre los criterios de El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático para determinar cuáles son los llamados salares estratégicos y cuáles formaran parte de la Red de Salares Protegidos. Fuente: La Nueva Mirada, 4 de abril de 2024.
Hace unos días el Gobierno del Presidente Boric, a través de su ministra de Minería y del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, finalmente dio a conocer los “lineamientos” o “criterios” para determinar cuáles son los llamados salares estratégicos y cuáles formaran parte de la Red de Salares Protegidos.
Según el anuncio se definen cuatro proyectos como salares estratégicos donde el Estado aseguraría su presencia: la alianza SQM-Codelco para la producción del litio en el Salar de Atacama; la adquisición estatal, por parte de Codelco, del proyecto Salar Blanco en el Salar de Maricunga; el proyecto Salares Alto Andinos (Aguilar, Grande, Infieles y La Isla), a cargo de Enami en la Región de Atacama; y el Salar Pedernales a cargo de Codelco. Según la información oficial, esto representa el 49% de la superficie de los salares del país, que cuentan con información disponible, son de mayor potencial productivo y donde, sobre todo, las empresas estatales ya tienen pertenencias mineras que hacen legalmente viables estas operaciones.
Por otra parte, lo que más nos preocupa desde Fundación Terram son los “criterios ambientales” utilizados para identificar y proponer los salares que quedaran bajo protección, que fueron presentados por el Ministerio de Medio Ambiente al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, donde se señala que no formarán parte de la Red de Salares Protegidos los salares -o porciones de ellos- los que cuenten actualmente con presencia de faenas mineras de explotación de minerales, pero no explicita de qué minerales se trata, por tanto, es de suponer que no solo sería litio; tampoco formarán parte de la red proyectos del Estado en cualquier fase de desarrollo; y, por último, los salares fronterizos.
Dado esto, es evidente que lo que primó al establecer esta propuesta de Red de Salares no tiene que ver con criterios respecto de su valor ecológico, la biodiversidad que albergan o su importancia hidrológica, es decir, su valor como ecosistemas únicos. Lo que se define como criterio es que NO serán protegidos aquellos salares que tienen recursos minerales de interés para el Estado y los privados, sin importar el valor de su biodiversidad, la cual en muchos casos es única, como tampoco importa el daño o impacto ambiental que se genere en el ecosistema y las comunidades locales.
En este sentido, el Gobierno en una actitud autocomplaciente señala que con este anuncio se protegerá el 33% de los salares, cumpliendo así la meta comprometida a nivel internacional de hacerlo con el 30% de cada tipo de ecosistema, de acuerdo con la Convención sobre la Diversidad Biológica (CBD). Pero cabe preguntarse, ¿qué pasa con el 67% de superficie de salares restantes? Ya sabemos que aproximadamente el 50% es estratégico para el Estado mientras un 18% será dejado a merced del interés de privados, por lo que podrán ser usados y destruidos por distinto tipo de actividades extractivas, y el Gobierno pretende justificar sus decisiones asegurando el uso de tecnologías de bajo impacto que ni siquiera han sido probadas a escala industrial, como la extracción directa de litio (LDE) y la posterior reinyección de salmuera.
Además, lo que el Gobierno no nos dice es cuál será la figura de protección oficial a utilizar, ya que no es lo mismo un Parque Nacional que una Reserva Nacional, pues mientras en el primero no se pueden realizar actividades extractivas, en las reservas sí. Esto es fundamental si consideramos la cantidad de concesiones de explotación y exploración minera que alojan los salares y lagunas salobres del norte del país, donde una investigación de Fundación Terram reveló que cerca del 64% de la superficie de salares de San Pedro de Atacama poseen concesiones de explotación ya constituidas. Tampoco el Gobierno señala en qué horizonte de tiempo va a proteger estos salares, es decir, cuánto le tomara hacer estudios y determinar si merecen o no ser protegidos. Otro tema no abordado por la autoridad es qué implica la Red de Salares Protegidos, ¿Será efectivamente una red? ¿Cuáles fueron los criterios científicos y ecológicos para establecerla? ¿Cómo se gestionará o administrará?
Poniendo raya para la suma, desde Fundación Terram creemos que una vez más en esta pasada ganó la partida el promover la extracción de recursos naturales más arcaica de todas, con bajos estándares de protección ambiental, sin importar que haya especies y ecosistemas únicos que serán destruidos. El desarrollismo más tradicional y menos sustentable por ahora está ganando la partida del litio.