En un movimiento que ha generado descontento entre organizaciones locales y ambientalistas, el Ministerio de Medio Ambiente anunció el cierre de un acuerdo público-privado para relocalizar los cultivos salmoneros que operan actualmente en Parques Nacionales de la Región de Aysén. A pesar de la medida, voces críticas expresan su insatisfacción y preocupación por la falta de transparencia en el proceso.

La ley SBAP, aprobada en junio de 2023, marcó la creación de un servicio destinado a la conservación de la biodiversidad, abordando áreas protegidas y organismos de resguardo. Sin embargo, uno de los puntos más débiles de la ley involucra la acuicultura y el cultivo de salmones dentro de parques y reservas nacionales del sur de Chile, según señalan expertos como Juan Carlos de Defendamos Chiloé.

El gobierno, representado por los Ministerios de Economía, Medio Ambiente y Defensa, firmó un acuerdo con las empresas Cooke Aquaculture y Aquachile para relocalizar nueve de los 27 centros de cultivo de salmones actualmente ubicados en parques nacionales. Esta acción ha sido recibida con escepticismo por parte de organizaciones como Greenpeace y Defendamos Chiloé, quienes demandan una mayor transparencia y cuestionan la posible continuidad de prácticas dañinas para el medio ambiente.

El acuerdo tiene como objetivo liberar de la actividad salmonera tres parques nacionales en la Región de Aysén: Isla Magdalena, Laguna San Rafael y Bernardo O’Higgins, este último compartido con la Región de Magallanes. Sin embargo, la falta de claridad en cuanto al destino de las salmoneras y su evaluación ambiental genera incertidumbre y críticas.

Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, destaca la irregularidad de muchas concesiones salmoneras dentro de áreas protegidas y señala que, en lugar de relocalizarlas, deberían caducarse, especialmente aquellas que operan de manera irregular. Además, señala que la falta de información sobre el nuevo destino de estas empresas genera preocupación.

La falta de inclusión de las opiniones de organizaciones y comunidades locales en el acuerdo es otro punto de conflicto, según testimonios de habitantes de la zona. El proceso de relocalización, aún sin una fecha determinada, queda en manos de los Ministerios de Medio Ambiente, Economía y Defensa, generando incertidumbre en torno al futuro de las áreas protegidas y la continuidad de la actividad salmonera en otras ubicaciones.