Luego de 86 días de bloqueo, Carabineros finalmente desalojó ayer al grupo de pescadores artesanales de Quintero y Puchuncaví instalado desde mayo en el terreno donde la empresa Aguas Pacífico está construyendo una planta desalinizadora, conocida como Proyecto Aconcagua.

Los trabajadores ocupaban el sector en protesta por los supuestos perjuicios ambientales y económicos que causaría la iniciativa, en una bahía saturada de contaminación.

Fue a primera hora de este jueves cuando un amplio contingente de Carabineros llegó hasta las instalaciones de la planta. “A contar de las 7 de la mañana y en función de una resolución de la Delegación Presidencial de Valparaíso, nos hemos desplegado en las instalaciones de la planta con la finalidad de proceder al despeje”, detalló el teniente coronel Leonardo Cárdenas, subprefecto de Viña del Mar.

Desde la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau se mostraron sorprendidos por el despliegue policial, puesto que esa misma jornada estaba prevista una mesa negociadora con Aguas Pacífico, reunión que finalmente no se llevó a cabo.

“Íbamos a tener una reunión con la empresa a las diez de la mañana. Lamentablemente, la empresa misma presionó al Gobierno Regional para que nos desalojara. Entonces, al final ellos mismos rompieron el diálogo. Nos sentimos engañados”, afirmó Hugo Poblete, presidente de la agrupación, quien a pesar del desalojo asegura que “vamos a seguir movilizados”.

El retiro de los manifestantes se realizó en condiciones pacíficas y no se registraron personas detenidas.

Proyecto Aconcagua

La obra que pretende levantar Aguas Pacífico en la comuna de Puchuncaví contempla una inversión de US$1.000 millones y consiste en la instalación de una planta desalinizadora, capaz de producir hasta 1.000 litros de agua por segundo, principalmente para uso industrial y minero.

De este volumen, el 50% irá para la minera Los Bronces, tras el convenio anunciado en 2022 entre Anglo American y Aguas Pacífico. Para ello se construirá un acueducto de 105 km de longitud, que transportará el agua desde Puchuncaví hasta Colina.

Asimismo, la iniciativa considera abastecer a 40 mil personas a través de Servicios Sanitarios Rurales de la Región de Valparaíso, principalmente en zonas con escasez hídrica.

Cuestionamientos

El presidente de la Federación de Pescadores de Bahía Narau advierte que la salmuera arrojada al mar en el proceso productivo podría provocar un grave impacto ambiental, afectando a la actividad pesquera de la zona.

“Este es nuestro sitio de desarrollo humano y claramente se va a ver afectado. (…) ¿Quién va a venir a veranear a Quintero sabiendo que, aparte de los varamientos de carbón, están botando salmuera al mar? Esto va a profundizar la crisis económica que ya existe”, afirmó.

Respecto al gobernador Rodrigo Mundaca, quien hace una semana se refirió a “elementos” para poder revocar la RCA favorable que presenta el Proyecto Aconcagua, Poblete señaló que “vamos a ver si sus palabras son ciertas. (…) Un gobierno que se presentó como ecologista está desalojando a ecologistas. Vamos a ver si las autoridades van a defender el territorio realmente, o todo lo que dijeron son palabras para la galería solamente”.

Incentivos económicos

El abogado Felipe Olea, representante legal del gremio de pescadores, aseveró que la firma Aguas Pacífico ha ofrecido incentivos económicos para que no se presenten recursos en contra de la construcción de la planta.

“Han existido prácticas matonescas. Se ha dejado una suerte de cheque en blanco en notaría, para todos quienes quisieran firmar el documento para que se construya la desaladora. ¿Qué proyecto necesita tener que comprar la confianza de los ciudadanos? Solamente alguna que no cumpla con las condiciones”, esgrime.

Asimismo, Olea cuestionó duramente la decisión de la Delegación Presidencial Regional de ordenar el desalojo.

“Hay que entender que el desalojo que sucedió esta mañana (jueves) no es la consecuencia de una decisión judicial. Hoy dos recursos de protección se encuentran en tramitación en la Corte de Apelaciones. (…) Acá hay que preguntarse por qué el Gobierno se aceleró, se apuró y puso la carreta delante de los bueyes, y técnicamente antes de que se diera una resolución judicial, procediera al desalojo. ¿El Gobierno desde cuándo está desalojando tomas cuando lo alegan los particulares? Eso no lo vimos en el terreno de Alejandro Correa. (…) Cuando son particulares, el Gobierno se mete, pero cuando viene una transnacional, el Estado corre como loco. Es curioso”, plantea el jurista.

En la misma línea, Manuel Millones, presidente de la Comisión de Intereses Marítimos y Pesca de Consejo Regional, cuestionó que “la empresa llegó a acuerdos económicos con un grupo de pescadores y este trato no fue con todos. (…) Es decir, allí hubo un mal manejo de la misma empresa y abrió la puerta a que la contaminación tiene un valor transable. Un buen proyecto se vende por sus beneficios y no por compensaciones”, remarcó.

A través de un comunicado, Aguas Pacífico pormenorizó que “el proyecto cuenta con todos los permisos y autorizaciones requeridas por la institucionalidad vigente, entre ellas dos Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y una Concesión Marítima, e incorpora la mejor tecnología disponible en materia de desalación, dando cumplimiento a exigentes estándares internacionales”.

Además, declararon lamentar “que se haya llegado a esta instancia, luego de tantos intentos infructuosos por lograr acuerdos”, reiterando también que la propuesta de seis puntos presentada a la Federación de Pescadores se mantiene vigente.

Este Diario contactó tanto a los municipios locales como a la Delegación Presidencial y al Gobierno Regional, sin embargo, no se recibieron respuestas.