‘He tenido la oportunidad de ponerme a distintos zapatos’, comenta la profesional que el 30 de marzo fue nombrada por el Presidente Gabriel Boric como directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). La primera mujer en ocupar este cargo en más de 12 años de vida de la entidad.

Desde el piso 19 de su oficina en Calle Miraflores, la abogada cuenta cuál será su sello a cargo del servicio que al mismo tiempo es el principal filtro de inversión del país y uno de los principales garantes del cumplimiento de las normas ambientales. ‘Queremos unificar criterios, iniciar la implementación del acuerdo de Escazú, identificando cuáles son las barreras de acceso a la información y participación en materia ambiental, e iniciar la implementación de la ley marco de cambio climático que exige la consideración de los riesgos del cambio climático en la evaluación de impacto ambiental’, detalla.

Por otra parte, no rehúye de temas que deberá definir, como el futuro de proyectos emblemáticos como Egaña Sustentable o Los Bronces Integrado de Anglo American.

–¿Cómo es llegar a un servicio donde se toman decisiones que muchas veces no agradan a las empresas y al mismo tiempo a las comunidades? ¿Un gran desafío?

–Totalmente. Me llamó un día la ministra Maisa Rojas para sondearme. Mi primer instinto fue tal vez decir que no, pero luego lo pensé en profundidad. Me di cuenta que era un gran desafío, es un cargo difícil. Tal vez por eso me gustó más la idea de asumir. Sin perjuicio del trabajo excelente que desarrolla la gente del servicio, pensé que había espacios para contribuir.

–¿Y qué tal el aterrizaje?

–Me sentí muy respaldada. El primer día me acompañaron la ministra y el subsecretario. Hicimos una reunión y nos conectamos con todos los funcionarios y funcionarias, y ahí conversé con ellos.

-Usted tiene una fuerte identificación con el mundo académico, ¿es complejo pasar a la primera línea donde se aprueban y rechazan proyectos con una gran exposición?

–Me siento muy preparada, no sólo tengo preparación en lo académico y en la investigación. También he asesorado a empresas, a comunidades a través de la Clínica Ambiental de la Universidad de Chile, y he asesorado a gobiernos.

–Una de las primeras decisiones del presidente Boric fue ratificar el Convenio de Escazú. Usted ha sido una de sus más fervientes defensoras. ¿En términos prácticos, cómo se puede implementar en Chile?

–Este es el primer tratado ambiental de Latinoamérica y el Caribe y eso lo hace histórico. Ser parte del acuerdo es comprometerse con un camino de implementación progresiva y sin retroceso de los derechos de acceso a la información, participación y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, además de la protección a los defensores ambientales en sus derechos humanos. Cuando se desechó ratificarlo, me parecía que había riesgos imaginarios para tomar esa decisión. Afortunadamente, el presidente Boric lo tomó e incorporó en su programa de gobierno.

–Y en lo relativo a la evaluación de proyectos de inversión, ¿qué implica Escazú particularmente en esa área, cómo lo aplicarán ahí?¿Aumentarán las participaciones ciudadanas en los proyectos?

–La idea es tener un criterio más amplio, más inclusivo en relación a la participación ciudadana. Por ejemplo, hoy día la ley prevé participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental (DIA) sólo en caso de que sea solicitada por la comunidad. Bajo esta administración vamos a promover una apertura y aceptar que cuando comunidades quieran participar de una decisión, les vamos a abrir las puertas.

–Pero también proyectos como Vivo Santiago, mall de SMU y otras empresas han pedido participación ciudadana en su momento y fue el SEA el que desestimó hacerla.

–Valoraremos eso. Hay titulares de proyectos que entienden que una participación ciudadana amplia, temprana, robustece los proyectos y también disminuye la posibilidad de judicialización, que jamás vamos a poder borrarla, ya que es parte de las garantías constitucionales. Bajo esta Constitución y lo seguirá siendo bajo otra constitución eventualmente. Existen garantías en todos los países de que cualquier decisión puede ser revisada por un juez.

–Usted habla de fortalecer la participación ciudadana vinculante, pero el gobierno de Piñera lo tenía en su agenda legislativa ambiental y al final lo abandonó.

–No me puedo pronunciar sobre cómo fue la agenda legislativa del gobierno anterior, pero sí puedo recordar que en el gobierno antepasado hubo una comisión asesora presidencial. En esa comisión hubo mucho consenso sobre la necesidad de ampliar la participación ciudadana a todo evento.

–Incrementar las participaciones ciudadanas –no sólo a las iniciativas que tienen impactos– requerirá más presupuesto. No es gratis.

–Debemos encontrar los recursos y tener los ajustes necesarios para poder satisfacer esta demanda.

El fantasma de la judicialización

Una vez que el SEA entrega un permiso ambiental (RCA) a una empresa, inmobiliaria, minera o incluso a una estatal como Metro, puede ser foco de reclamos por parte de la comunidad en una multiplicidad de escenarios, como el Comité de Ministros, los Tribunales Ambientales y la Corte Suprema. De esta manera, iniciativas que obtuvieron su permiso en años anteriores, como el proyecto Egaña Sustentable de Ñuñoa (en 2019), quedan abiertos a reclamos. Incluso, algunos inician obras y luego son impugnados en medio de la construcción.

–Muchas empresas sostienen que obtener el permiso ambiental ya no asegura mucho. Es el caso del proyecto de Plaza Egaña. ¿Cómo se puede lograr certeza, por ejemplo, para empezar a construir sin que después se impugne la obra?

–Esto se viene escuchando desde hace muchos años. En 2005 se modificó una RCA y desde ahí se dijo que se había perdido certeza para la inversión. El Estado debe dar certeza tanto de los inversionistas pero, no olvidemos que también a las comunidades; la certeza opera para ambos lados. Nosotros lo que buscamos es tener una gestión de excelencia en nuestras evaluaciones. Por ejemplo, unificar criterios independiente de la región del proyecto, para que cuando alguien se enfrente al servicio de Arica a Punta Arenas, se encuentre con lineamientos similares.

–Algunos abogados hablan de fortalecer el permiso ambiental y que este no sea tan fácil de impugnar. ¿Qué opina?

–No se puede eliminar la judicialización. Si alguien quiere ir al Comité de Ministros o al Tribunal Ambiental es parte de las reglas del juego y los inversionistas saben que es un riesgo que existe. Por eso es importante tener evaluaciones ambientales robustas, tener buenas líneas de base, buenas consultorías y realizar buenas participaciones ciudadanas. Así se disminuye la conflictividad.

–El gobierno habla de la necesidad de viviendas. El ministro Carlos Montes sostiene que es uno de los grandes ejes del gobierno. Pero los Comités Regionales de Evaluación, liderados por los delegados presidenciales, rechazan proyectos. ¿No es contradictorio?

–No hay contradicción entre inversión y protección del medio ambiente. La evaluación de impacto ambiental no es una traba al desarrollo, es una condición del desarrollo. Entendiendo que estamos en un contexto nacional político y económico, la función del servicio no es promover la inversión. La función es administrar un sistema y que se cumpla la normativa ambiental. Para nosotros es bueno que haya mejor planificación territorial, mayor densidad normativa, eso facilita la evaluación.

–En los últimos años ha existido un aumento en la judicialización de proyectos inmobiliarios. ¿Siente que esto se debe a la falta del planes reguladores actualizados, tarea del Ministerio de Vivienda, y que la carga les llega después a ustedes?

–La mejor planificación territorial ayuda a una mejor evaluación de proyectos.

–Una de las definiciones del presidente Boric es eliminar el Comité de Ministros, órgano que define la suerte de los proyectos muchas veces incorporando criterios políticos más que técnicos. ¿Floraría esa idea en el Congreso?

–Hay bastante consenso en eliminar el Comité de Ministros y el gobierno lo ha planteado en su programa.

–En materia ambiental hay un pasivo en zonas como Quintero o Puchuncaví, con proyectos previos a la llegada del SEA ¿Cómo pueden colaborar en ese espacio donde legalmente no tienen tanta injerencia, porque ustedes evalúan los proyectos y no las actividades operativas?

–Se escapa sí y no. Pero si en el mismo marco del acuerdo Escazú se puede hacer algo en ese lugar. Se puede fortalecer la participación ciudadana informada en la evaluación de proyectos que vendrán. Ahí es relevante tener en cuenta la vulnerabilidad de esas personas. Esto es parte de los elementos de contexto que se pueden considerar en un proyecto que espera desarrollarse en una llamada “zona de sacrificio”. Eso podría ser el matiz que uno podría plantear, en tener una participación ciudadana especialmente cuidadosa en ese tipo de casos.

–Usted deberá definir la suerte de proyectos complejos como Los Bronces de Anglo American y tal vez otros como Dominga. ¿Cómo procederá si el Presidente en campaña entregó su opinión sobre estos? ¿Puede usted tomar una decisión técnica que sea impopular?

–Si estuviera mirando la popularidad de las decisiones del servicio, yo no estaría acá. Entiendo muy bien cuál es la popularidad de este servicio y lo vuelvo a decir, el primer eje en mi gestión es mantener y asegurar una evaluación técnica, con una participación ciudadana amplia, inclusiva en el marco de la legalidad. En eso no me pierdo.