La nueva era ya está en marcha
La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor obliga a fabricantes e importadores a organizar y financiar la recolección, transporte, almacenamiento y gestión de los residuos originados por sus procesos. Fuente: La Estrella de Iquique, 31 de mayo de 2017.
Un año cumplirá en junio la promulgación de la Ley Marco para la Gestión de Residuos. la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje. De acuerdo al ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, la normativa promueve un modelo de desarrollo en que los residuos de los productos pasan a ser un recurso de valor, ya que se incorporan nuevamente a la cadena de producción como materia prima o energía. “Así se busca proteger a las personas y el medio ambiente, reducir el impacto ambiental relacionado con la extracción de recursos naturales, disminuir la generación de gases de efecto invernadero (GEI) y bajar la presión sobre los rellenos sanitarios y vertederos”.
La autoridad asegura que esta normativa introduce en Chile el término Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que “es un instrumento económico que obliga a los productores (o importadores) de los elementos que han sido definidos como productos prioritarios -seis en esta primera etapa: aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos. envases y embalajes, neumáticos, pilas y baterías- organizar y financiar la recolección, transporte, almacenamiento y gestión de los residuos originados por esos productos una vez que termina su vida útil”.
Chile es el primer país sudamericano que implementa este instrumento, que comenzó a operar en Europa en los años 90.
IMPACTO EN LA INDUSTRIA
Desde la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) aseguran que la Ley REP constituye un avance y ha sido apoyada por la industria a través de un diálogo constante con la autoridad. En opinión de Gastón Cáceres, director de Ingeniería e Innovación en KDM Empresas, la ley permitirá que la cadena de gestión de residuos se financie mediante el pago anticipado de los costos de reciclaje, que deberán cargarse a la compra de nuevos productos. “A su vez, este traspaso de la responsabilidad de gestión de los reciclables desde el ámbito público a lo privado favorecería una mejor y mayor distribución de los recursos de los municipios hacia otros temas, como salud y educación de las comunidades involucradas”, asegura.